lunes, 9 de noviembre de 2015

23-F: LA MENTIRA FINAL




Programa de la serie que el programa "El Vórtice" dedica a analizar la Transición española, el 8º de la serie y el 3º que cuenta con la participación de Diego Camacho y Antonio Garcia-Trevijano.

En este programa abordamos el juicio del 23-F, conocido también como el juicio de Campamento. Juicio en el que, después de la intentona golpista, debían dirimirse responsabilidades sobre la planificación y autoría del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una vez abortada la intentona los cabecillas visibles fueron detenidos y comenzó un proceso de investigación que supuestamente debía descubrir a los “cerebros” de la trama. Este programa es un jarro de agua fría que hace despertar a la realidad a aquellos que, como yo, hemos crecido con la idea de que el Rey Juan Carlos I había salvado la Democracia española aquella noche al salir en tv y ordenar a los presuntos golpistas deponer las armas.



– Nada más lejos de la realidad.

Lo que ocurrió fue que una vez fracasado el Golpe, Calvo Sotelo dio instrucciones para limitar las responsabilidades a lo conocido, no se debía ahondar en los puntos oscuros, con lo que los autores intelectuales y la dirección quedaban a salvo. La única investigación-denuncia llevada a cabo fue la propiciada por tres capitanes y un suboficial del CESID, que pusieron en cuestión la versión oficial. Su tesón enfrentándose a presiones, amenazas contra sus carreras y sus vidas, y proposiciones de ascenso por guardar silencio y olvidarse del tema, se materializo en el llamado “Informe Jaudenes”. Informe que la cúpula del CESID inició el 30 de marzo cuando reglamentariamente tenían que haberlo iniciado el 25 de febrero fecha en la que ya se conocía toda la información relevante. Uno de los oficiales que declararon en dicho informe fue nuestro colaborador Diego Camacho, quien de primera mano y la misma noche del 24 de febrero de 1981 informó al mando superior de su unidad y del Servicio Secreto español de quien era el cabecilla intelectual de la trama golpista; este no era otro que el mismísimo General Armada (instructor personal del rey emérito Juan Carlos de Borbón).

El informe Jaudenes es una de las claves más importantes para entender el clima de encubrimiento de la verdad que se vivió en el juicio. Si Calderón, en ese momento secretario general del CESID, remitió el informe al juez instructor Escudero, Escudero prevaricó al ocultarlo a las defensas. Si Calderón no lo remitió, prevaricó Calderón, al incumplir con el deber que le marca la ley. De una u otra forma el informe fue ocultado y más tarde clasificado como secreto hasta los años 90. Una vez desclasificado se pudo constatar que parte de las declaraciones de Diego Camacho habían desaparecido y otra parte había sido retocada.

Un detalle más del encubrimiento, por parte de algunos representantes políticos y militares, de los responsables nos lo brinda el hecho de que terminado el informe en el que se expone la participación del CESID en el planeamiento, coordinación y ejecución del golpe, el Ministro de Defensa Oliart mintiera en sede parlamentaria a una pregunta de IU sobre la participación del SS, al responder que la actuación del CESID había sido correcta en todo momento y que el Servicio no había intervenido en ninguna de las fases del golpe. Con 81 años le premiarían nombrándole director de TVE.

– En resumen, dicho informe fue ocultado, por ello puede decirse que el juicio era un teatro sin ninguna vocación de conocer la verdad.

En el juicio hubo 32 militares y un civil imputados. El juicio empezó el 18 de febrero de 1982 y terminó el 21 de mayo. Esa sesión, la última, fue para grabarla en vídeo. El presidente del tribunal expulsó de la sala a Tejero, que aprovechó su último turno de palabra para mostrar su “desprecio” por una parte de los mandos militares allí presentes, acusados como él, a los que llamó “cobardes”. Después de 47 sesiones y 13.000 folios de sumario se condenaba por rebelión a 21 militares, y a un único civil, Juan García Carrés, por un delito de conspiración. De los condenados sólo tres de ellos con penas significativas.

Al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, al teniente general Jaime Milans del Bosch y, posteriormente, al general de División Alfonso Armada -a este último, en la revisión de la sentencia que hizo el Supremo tras la apelación del Gobierno de Calvo Sotelo pidiendo mayor severidad- les fue impuesta la pena máxima de 30 años de reclusión y la accesoria de pérdida del servicio. Tejero cumplió 15 años y 9 meses en la cárcel. De los otros dos, ninguno llegó a pasar diez entre rejas.

Absueltos por aquello de la «obediencia debida», el Tribunal Militar estableció para 11 de los 22 condenados penas iguales o inferiores a tres años. Dicho de otro modo: al emitirse la sentencia, 3 de junio de 1982, la mitad de los que fueron considerados culpables por participar en el golpe de Estado ya había cumplido más de un tercio de su castigo en prisión preventiva, y lo que recibieron fue la libertad para marcharse a sus casas.

Muchos de los sublevados prosiguieron su carrera militar, ascendiendo en el escalafón al ritmo de sus años de antigüedad en el Cuerpo. Sin ir más lejos, el entonces capitán de la Guardia Civil Carlos Lázaro Corthay se retiró de coronel y pasaron a la reserva por edad con grado de teniente coronel sus compañeros Juan Pérez de la Lastra y Francisco Acera Martín. Ambos fueron galardonados con la Cruz de San Hermenegildo a los 20 años de servicio, lo que les supuso también algo más de 72 euros de «premio» en la nómina de cada mes. Pardo Zancada, que acudió al Congreso con 113 soldados de la Brunete para reforzar a Tejero y negoció la rendición de los asaltantes con el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar -el llamado «pacto del capó», porque el comandante escribió sus condiciones apoyado en un «jeep» aparcado-, el Supremo le duplicó el castigo de 6 años de privación de libertad al que le había condenado el juez militar. Las sentencias no se harán firmes hasta revisión por el T.S el el 28 de abril de 1983.

– El objetivo del juicio era salvar la participación del Rey y los principales líderes del momento y poner de cabeza de turco a la GC y a las FFAA, lo que no era nada difícil vista su participación, aunque conviene resaltar que la participación de los uniformados no fue para apropiarse del Poder sino para “servir” a la Corona.

(Fuente: http://www.elvorticeradio.com/)

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