domingo, 26 de junio de 2016

EL GOBIERNO IMPIDIÓ QUE SE PUBLICARA EL INFORME SOBRE EL ACCIDENTE DEL ALVIA ANTES DE LAS ELECCIONES




Las vergonzantes complicidades de una Unión Europea que, visto el resultado del referendum británico, ha perdido su capacidad de hipnotizar a las masas, y la catadura moral del partido que aspira a revalidar gobierno en España quedan retratados en una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida en unos medios que han sustituido la información por la propaganda y en los que lo que molesta al poder establecido se minimiza o disimula eficazmente, pretendiendo que esa innoble forma de prestidigitación es "periodismo".

¿Qué pretenden ocultar?
Una alegación de última hora presentada por el Gobierno de España impidió que la Unión Europea hiciera públicas antes de las elecciones generales sus consideraciones sobre el accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos a la entrada de Santiago, en la curva de Angrois. Víctimas del siniestro reclamaron a Bruselas, en aplicación de la normativa comunitaria sobre transparencia, que les hiciera llegar un informe que elaboraron los responsables europeos en materia ferroviaria. El BNG también lo solicitó y el pasado miércoles 15 de junio le comunicaron a su portavoz en Bruselas, Ana Miranda, que la decisión sobre si es posible o no divulgarlo no sería tomada hasta después de las elecciones generales. Ahora un responsable comunitario informa a las víctimas de que el motivo de esa demora es tener tiempo “para considerar una última alegación legal de España”.

Antes de que ocurriera el accidente de tren de Santiago, la Unión Europea ya había abierto una investigación sobre el grado de adaptación de la normativa española a la comunitaria en materia ferroviaria. Uno de los elementos que estaba en tela de juicio era el grado de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), nombrada por el Ministerio de Fomento. La investigación que realizó la CIAF sobre el accidente de Angrois concluyó que el único responsable del siniestro fue el maquinista por despistarse y no frenar a tiempo tras recibir una llamada telefónica del interventor del tren. Ese informe sirvió de base para la investigación judicial, que el instructor propuso cerrar culpando solamente al conductor. A finales de mayo la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió el caso, calificó el informe de la CIAF como no independiente y pidió que se estudien mejor los peritajes que dicen que ADIF no analizó como debía el riesgo que suponían sus decisiones de reducir las medidas de seguridad en la línea ferroviaria. Tras su informe sobre Angrois, Fomento reformó la CIAF y la dotó de mayor independencia.

Una vez más, como ocurrió con el accidente del metro de Va-
lencia, los familiares de las víctimas son objeto de desprecio
y mofa por parte de unas autoridades que miran hacia otro lado
En este contexto, las víctimas del accidente habían solicitado de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea el informe que estaba elaborando sobre el sistema ferroviario español y las consideraciones que en él se hubieran podido realizar sobre cómo la CIAF investigó el siniestro de Angrois. Tras varias declaraciones contradictorias en las últimas semanas, responsables comunitarios acabaron confirmando que la investigación sobre el sistema ferroviario español está finalizada, pero mostraron sus dudas sobre la interferencia que su divulgación podría suponer en la causa judicial argumentando que no analiza el accidente en sí sino el grado de independencia de la CIAF cuando lo investigó.

Las víctimas venían advirtiendo de las presiones que el Gobierno de España estaba ejerciendo en Bruselas para no divulgar el informe, lo que ahora dicen ver ratificado con la comunicación que el pasado dia 17 recibieron de la Agencia Ferroviaria Europea. En ella su director ejecutivo les comunicaba que su entidad “necesita ampliar el plazo para considerar una última alegación legal de España”. Y añadía que la agencia aún está debatiendo con la Comisión Europea si puede divulgar su informe en cumplimiento de la normativa comunitaria de transparencia o si éste debe permanecer secreto porque así lo contemple alguna excepción, por lo que solicita “más tiempo para que esto sea clarificado”. La nueva fecha que ofrece el director ejecutivo de la agencia es tras las elecciones generales. “Podré tomar una decisión final el 8 de julio”, concluía el responsable de la agencia.

(Fuente: http://www.eldiario.es/)

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